Cuando el cliente es insolvente, puede recurrir a diversos procedimientos para blindar su insolvencia (concurso, liquidación, segunda oportunidad, etc..), sin consecuencia alguna para él, de tipo civil y/o penal.

Cuando tenemos un impagado, el peor de los escenarios posibles ya se ha producido; por lo que todo lo que hagamos será positivo, y lo que no hagamos protegerá al deudor, en perjuicio nuestro.

Depende de la calidad de nuestra deuda y cómo esté instrumentalizada; si tenemos un reconocimiento de deuda firmado ante notario, el procedimiento ejecutivo será más rápido (dependiendo de la carga de trabajo de los juzgados), si por contra, tenemos factura y albarán, habrá que requerir de pago al deudor, tratar de negociar con él, y valorar la interposición de un procedimiento monitorio, ordinario, verbal, u otro de carácter penal. Todo depende de cómo se haya generado la deuda, como la tengamos instrumentalizada, qué resultado arroje el estudio de solvencia del deudor, realizado previamente, y cuales hayan sido sus acciones (alzamiento de bienes, actos de disposición fraudulentos en perjuicio de acreedores, etc…)

Con dinero, con sus bienes, con créditos futuros a su favor o derechos de cobro frente a terceros que se le embarguen, etc…

Todo lo que tengamos; desde un WhatsApp o un email, a una factura con su correspondiente albarán, aceptación del presupuesto, testigos que corroboren el servicio prestado o mercancía entregada, documento público (reconocimiento de deuda), etc…

Cualquier persona puede recurrir y reclamar su deuda; particular, autónomo, empresa, cooperativa, etc…

El crédito derivado de la factura, debe tener la consideración de incobrable, y para que ello sea así, debe reunir las siguientes condiciones:

1ª. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

2ª. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto.

3ª. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 euros.

4ª. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Resulta fundamental consultar bases de datos con las que los profesionales del recobro trabajamos, para ver la trayectoria, histórico y experiencia del deudor o potencial cliente. Es significativa la actitud del cliente al recibir nuestro presupuesto; si trata de negociarlo, o no, porque sabe que no lo va a atender, si pedimos garantías o medios de pago (un importe por anticipado, por ejemplo, y el resto al terminar el servicio o suministro), también podemos ver su reacción. Y los comentarios o informes que nos puedan proporcionar empresas con las que anteriormente nuestro cliente ha trabajado.

Pidiendo garantías e instaurando un buen protocolo de contratación de clientes, por ejemplo: automatizar el envío de presupuesto con acuse de recibo al cliente, emisión de contrato y aceptación de las condiciones por su parte, aceptación de factura, firma de albarán de entrega, comunicaciones escritas con los clientes (fundamentalmente mediante correos electrónicos), fijando correctos calendarios de pago, etc…

Siempre la vía extrajudicial; esta es la más rápida y más barata, pero su éxito dependerá de la solvencia del deudor, y cómo hayamos hecho las cosas; cómo se haya contratado, qué documentación hayamos recogido al cliente, su aceptación, etc…

La negociación con el deudor contiene un importante componente psicológico, de estudio de su perfil y previsibilidad de sus actuaciones. Siempre desde la corrección y la elegancia, se le invita al pago de la deuda mediante un requerimiento fehaciente vía burofax. Es importante hacer ver al deudor que siempre le convendrá atender la deuda evitando gastos judiciales, poniendo a su disposición la posibilidad de proponernos un calendario de pago, aportando garantías y firmándolo ante notario.